LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LAS DEMAGOGIAS ELECTORALES

Escribo estas líneas unas horas antes de que comience en el Congreso el debate para la investidura de Rodríguez Zapatero y unas horas después del acuerdo alcanzado por el ministro Fernández Bermejo con los sindicatos para resolver la huelga de los funcionarios de Justicia. Me parece que los trabajadores en paro tenían razón, porque la descentralización de competencias que lleva aparejada el llamado estado de las autonomías, está generando unos agravios comparativos difícilmente soportables. ¿Por qué tiene que ganar más el secretario o el auxiliar que trabaja en una autonomía con competencias judiciales transferidas que aquel otro que trabaja en una que aún no ha reclamado o recibido dichas competencias? Y lo mismo que pasa con los funcionarios de justicia está pasando con los de la administración general, con los de la sanidad o la enseñanza. Sectores que, antes o después, se verán sacudidos también por conflictos laborales provocados por los agravios salariales.
Pero la huelga de los funcionarios de Justicia ha puesto sobre la mesa algo mucho más grave: el deterioro hasta extremos insospechables de un servicio público esencial para los ciudadanos, un deterioro que no es de ayer, que viene de años y años de desidia, sin que los titulares de los poderes públicos hayan adoptado las medidas que serían necesarias. El desastre que padece la administración de justicia en España tiene un culpable y ese culpable tiene un nombre: son los gobiernos del PSOE y del PP que han pilotado los destinos de nuestra sociedad durante las últimas décadas.
Está claro -es lo que dice, además, todo el mundo- que una justicia lenta y tardía no es justicia, sino injusticia. Y está claro también -esto ya no lo dice todo el mundo- que hacen falta muchos más recursos humanos y materiales, en definitiva, mucho más dinero. Hace falta lo que podríamos llamar un plan de choque o un plan de emergencia, porque el atasco que sufren los juzgados y tribunales españoles no se resuelve con el incremento, digamos "normal", que cada ejercicio experimentan las partidas destinadas a este servicio. ¿Y a qué se han dedicado últimamente nuestros líderes políticos mientras la situación se pudría a ojos vista ? Se han dedicado a una demagógica carrera de rebajas fiscales, en lugar de allegar más recursos presupuestarios para paliar un problema acuciante.
Ahora podemos apreciar, en toda su descarnada crudeza, la impresentable demagogia electoralista de Rodríguez Zapatero ( su rival Rajoy no se quedaba atrás ) cuando prometió la devolución de 400 euros a cada contribuyente, si ganaba las elecciones. Algunas voces ya advirtieron en su momento que eso era caciquismo de la peor especie. Pero es una promesa que, además de caciquil, demuestra la falta de una preocupación razonable y genuina por resolver los problemas que más afectan a la gente en su vida cotidiana. No es de recibo que nuestros gobernantes vayan por ahí presumiendo de superávit y de que al Estado le sobra dinero, cuando alguno de nuestros servicios públicos va camino de tener una calidad tercermundista.
La justicia, la sanidad, la educación, la atención a los dependientes y a las personas mayores, las vías de comunicación, el abastecimiento de agua y otros muchos capítulos necesitan dinero. Y ese dinero, queridos "blogueros", tiene que salir de los impuestos en una sociedad que proclama la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo como valores superiores de su ordenamiento jurídico. Y esos impuestos, preferiblemente, han de ser impuestos directos, para que cada uno contribuya al sostenimiento del Estado de acuerdo con su capacidad económica, tal como establece la Constitución. Mientras haya tantas necesidades sociales deficientemente atendidas, dedicarse a hacer "regalitos" fiscales es una práctica de todo punto rechazable, porque, a la larga, redundará en mayores perjuicios para los propios ciudadanos, que tendrán que sufrir una prestación de servicios cada vez peor por parte de la Administración Pública. Salud y buena suerte a todos. Y. G.